MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La plataforma Nofumadores exigió este miércoles eliminar el 85% de los puntos de venta de tabaco para 2030 y denunció que el Gobierno central «no deja de poner trabas» para reducir el número de fumadores en España.

Así lo defendió en un comunicado emitido después de conocerse que Portugal limitará la venta de tabaco para 2025 únicamente a estancos y aeropuertos y en el que exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «excluya» de la venta a bares, restaurantes, hoteles y, «sobre todo», a la red de tiendas de conveniencia vinculadas a gasolineras, «reduciendo el número de máquinas expendedoras en, al menos, un 85%».

A este respecto, la entidad recordó que países como Nueva Zelanda reducirán para 2025, además, el número de puntos de venta en los que se podrá comprar tabaco en un 95%, y su presidenta, Raquel Fernández Megina, recordó al ministro de Sanidad, José Miñones, la necesidad de adoptar «medidas drásticas que sirvan para facilitar que quienes quieren dejar de fumar tengan todos los incentivos para hacerlo».

«Y eso incluye que ir a comprar tabaco se convierta en una molestia, sea caro y no se pueda fumar en ningún sitio, complementado con el hecho de que, para un adolescente, sea prácticamente imposible comprar tabaco, algo que no sucede ahora mismo», sentenció.

Tras puntualizar que en España existen en la actualidad 16.049 expendedurías, que, en principio, son las únicas autorizadas para vender tabaco, advirtió de que «extienden» su venta a través de «numerosos establecimientos» como tiendas de conveniencia, bares y restaurantes, hoteles y salas de fiesta, en las que instalan máquinas expendedoras.

Quizás también te interese:  Cada año nacen en España 1.600 niños con hipercolesterolemia familiar

«Se trata de los Puntos de Venta con Recargo, que garantizan 15 céntimos por cajetilla de tabaco a quien admite una máquina expendedora en su interior», aseveró la asociación, al tiempo que subrayó cómo el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo propuso hace un año reducir en un 85% las máquinas de tabaco y, además, recortar en un 50% el número de estancos para 2030.

PORTUGAL Y NUEVA ZELANDA

A su juicio, se trata de medidas «similares» a las adoptadas por Portugal y Nueva Zelanda, países que cuentan con una tasa menor de fumadores que España y en los que, aseveró, «son los Gobiernos los que han impulsado estas medidas». «En España, sin embargo, las sociedades sanitarias y de derechos civiles llevan años reclamando estas iniciativas a un Gobierno que hace oídos sordos», espetó.

En este sentido, reiteró que, con la paralización del Plan Integral contra el Tabaquismo y la «falta de actualización de la ley para responder a desafíos» como el vapeo preadolescente, el Gobierno español «no deja de poner trabas a la reducción del número de fumadores».

«En primer lugar, se ha dedicado a aumentar paulatinamente el número de estancos, ya que en 2023 convocó una subasta, para conceder 203 nuevas licencias», abundó, al tiempo que Fernández Megina defendió que, con ello, «envían el mensaje claro de que les importan más las tabaqueras que sus consecuencias».

Y ello aún teniendo en cuenta que, a pesar de recaudar 9.400 millones de euros en impuestos, según sus cálculos, las consecuencias del tabaquismo «cuestan, al menos, tres veces más a la sociedad». «Cualquier estrategia de control de tabaco efectiva pasa por impedir que entren nuevos adictos para reemplazar a aquellos que mueren», afirmó su presidenta, convencida de que «debemos asegurarnos de que los adolescentes y preadolescentes españoles jamás comiencen a fumar o a vapear».

Quizás también te interese:  España está "muy cerca" de eliminar la hepatitis C con sólo 20.000 personas por tratar

Para ello, juzgó «imprescindible» la eliminación de la venta de tabaco y nicotina a través de máquinas expendedoras, que considera «un punto negro por el que los menores de edad adquieren tabaco», dado que, además, dichas máquinas se están empezando a usar para vender «sin ningún tipo de control» vapeadores de un único uso. Dispositivos que, con sus sabores, según Fernández, «convierten en dependientes de la nicotina a preadolescentes que no tienen las herramientas para defenderse del marketing de las redes y de la presión social».

«Por otra parte, es fundamental que quienes vendan tabaco y productos de nicotina a menores se enfrenten a graves multas y al cierre cautelar de su negocio», sostuvo, al tiempo que también denunció que la «ausencia de inspección» permite que los cigarrillos «continúen llegando de forma masiva a los adolescentes» y alertó de la «gran grieta» que también supone la venta ilegal de cigarrillos a través de bazares y tiendas «de todo tipo».