– Según su informe sobre ‘La situación de la Infancia en España 2022’, presentado este martes

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La Plataforma de Infancia valoró este martes los «grandes avances» logrados, a su juicio, en España a lo largo de esta legislatura en cuanto al desarrollo de políticas públicas para proteger a la infancia y la adolescencia, si bien denunció la existencia de «grandes carencias» presupuestarias y de desarrollo normativo a la hora de llevarlas a la práctica, así como «falta de equidad» y «vulneraciones» de los derechos de niños y adolescentes.

Así lo pone de manifiesto su informe sobre ‘La situación de la Infancia en España 2022’, presentado este martes en una rueda de prensa en la que participaron el presidente de la plataforma, Carles López, así como su director, Ricardo Ibarra; la responsable de políticas de infancia de Save the Children, Carmela del Moral; la responsable de programas de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Gema Rodríguez; y cuatro niños de los más de 4.000 que colaboraron en la elaboración del informe, realizado por las organizaciones de la plataforma con la participación de más de 165 expertos.

El informe, que analiza el estado de los derechos de la infancia en España y las recomendaciones de cara al examen que el Comité de los Derechos del Niño realizará a España en 2024, revela, según López, que, «aunque en los últimos años se han producido importantes avances legislativos en la defensa de los derechos de la infancia en España», todavía existen «grandes carencias presupuestarias, falta de equidad y preocupantes vulneraciones en el cumplimiento de los derechos de la infancia».

Entre los «grandes avances» que, a su juicio, se han producido en España en materia de derechos de infancia, las organizaciones destacan la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia (Lopivi) o la Lomloe, además de la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente o las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza infantil, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los complementos de infancia o la garantía infantil.

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Con todo, López advirtió de la necesidad de que los avances que, de «forma valiente», se han desarrollado en los últimos años en políticas de infancia «se acompañen de recursos económicos, desarrollos normativos y medidas específicas en todos los ámbitos de forma más valiente y decidida» con el fin de que tengan «un impacto real en la vida de los niños y adolescentes». «Además, las políticas públicas deben contar con un enfoque de derechos de infancia y con la participación de la sociedad civil y de los propios niños y niñas», sentenció, convencido de que España debe presentar al Comité de los Derechos del Niño de la ONU un «informe sólido, que evalúe la situación de los derechos de la infancia».

Para las organizaciones de infancia, «llama también la atención» que desde 2016 España no cuente con un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia y, pese a que se está elaborando la Estrategia Nacional sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2030, no ven «justificable que durante seis años España no haya contado con esta estrategia». «La discontinuidad de estos programas muestra la falta de relevancia que tiene la infancia en las decisiones políticas», espetó en este sentido López, para quien los niños «deben ser un tema prioritario en las agendas políticas».

En la misma línea, el director de la plataforma, Ricardo Ibarra, señaló que el informe recoge «todo lo que tenemos que mejorar en España para que los niños tengan las oportunidades que se merecen» y, si bien valoró el «gran avance normativo y legislativo» de los últimos años, que dijo «aplaudir», se mostró consciente de que «todavía queda mucho para que los niños que están en situaciones de desigualdad puedan ver esos avances», hecho que juzgó como el «gran reto pendiente».

Por su parte, la responsable de políticas de infancia de Save the Children recordó que el riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando «la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos cinco años. Además, denunció que, mientras que la pobreza infantil afecta al 28% de los niños, las ayudas o becas comedor solo llegan al 11% del alumnado de educación obligatoria y alertó de que únicamente el 26,3% de los niños de familias con rentas más bajas acceden a la educación de cero a tres años, frente al 62,5% de aquellos con rentas más altas.

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Tras advertir de que los efectos de la pandemia en este colectivo «han sacado a la luz carencias y desigualdades en los derechos de la infancia arrastrados durante muchísimos años», la experta lamentó que durante la crisis «sus necesidades no se pusieron en primer plano», por lo que reclamó un «enfoque claro, preciso y aterrizado de lo que es un enfoque de infancia en las políticas públicas».

En este punto, entre sus recomendaciones, el informe también urge a poner en marcha una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables; garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños en situación de pobreza y aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio.

En paralelo, llama a «priorizar» el acogimiento familiar y «asegurar que la atención en centros de acogida es el último recurso» así como a garantizar que el nuevo procedimiento de evaluación de la edad incorpore los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad a todos los niños con discapacidad o fortalecer los canales estables de participación infantil en los órganos de la administración.

Además, urge a llevar a cabo los desarrollos normativos necesarios para garantizar la protección integral frente a la violencia de la infancia que la Lopivi ha proclamado, entre los que reclama la aprobación de una ley que establezca la especialización de los órganos judiciales y la Fiscalía para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos contra niños o los trabajos necesarios para poner en marcha las figuras del coordinador de bienestar en el ámbito educativo y el delegado de protección en el ámbito del ocio y tiempo libre y el deportivo.

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Finamente, la responsable de programas de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Gema Rodríguez, hizo también hincapié en el aumento de hasta un 47% de los casos de depresión y ansiedad en este colectivo a causa de la pandemia con respecto a 2018, convencida de que «se han multiplicado por tres o cuatro los diagnósticos respecto a 2019».

Por todo ello, reclamó una estrategia estatal de salud mental centrada en la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta que es en los centros educativos donde «se está detectando de forma temprana el problema».

Junto a ello, valoró como «un gran avance» la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia, si bien lamentó que, en Europa, España es uno de los países que presenta «más carencias» en este ámbito y quiso «llamar la atención» por la «falta de representatividad de la población más vulnerable», en la que englobó a niños de etnia gitana, migrantes y con discapacidad.

NIÑOS

En la presentación también participaron los niños David (16 años), Amalia (18 años), Jus (14 años) y Santi (16 años), cuatro de los menores que participaron en la elaboración del informe y que lamentaron que las propuestas realizadas por los jóvenes «no siempre se toman en cuenta», consciente de que eso «repercute» sobre sus derechos, por lo que piden a la clase política que les «escuchen y tomen en serio».

Asimismo, reconocieron que, «a menudo» los niños y adolescentes se sienten «desprotegidos» frente a la violencia y juzgaron «insuficiente» su protección frente a la violencia de género y violencia escolar, convencidos de que, «en algunos centros, se tratan de manera muy superficial».