MADRID/VALLADOLID, 26 (SERVIMEDIA)

El procurador de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, presentó este lunes un documento a la Mesa de la Cortes de esta comunidad para solicitar que aplique el reglamento y sancione al vicepresidente de esta región, Juan García-Gallardo, por insultarle durante la celebración de un Pleno.

Así lo indicó en rueda de prensa tras presentar este escrito, haciendo alusión a que la semana pasada, durante un Pleno, García-Gallardo le llamó «imbécil» y le acusó de ser «un presunto delincuente» ante la pasividad del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, quien no le llamó la atención por el insulto.

Con este documento, Igea señaló que quiere que el partido «de Mañueco y de Feijóo y de Tudanca y de Sánchez», PSOE y el PP, que tienen mayoría en esta Mesa, decidan si el hecho es «merecedor de sanción o no». A su juicio, «ha llegado la hora» de quitarse «las máscaras», la hora de «desenmascarar la actitud» del PP en esta comunidad.

En concreto, Igea destacó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene que decidir «ya» si «quiere ser Merkel o Berlusconi». En Castilla y León, continuó, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, «ya ha decidido hacer de Berlusconi» y «dar cobertura y permitir que los señores de Vox campen a sus anchas».

Asimismo, explicó que acudió al juzgado para presentar la solicitud de celebración de un acto de conciliación para que Pollán y el portavoz adjunto de Vox en Castilla y León, David Hierro, rectifiquen la publicación que hicieron en sus redes sociales en la que le acusaron de haber cometido un delito que «no había cometido».

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Durante la rueda de prensa, Igea estuvo acompañado por el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, quien mostró el apoyo del partido frente a esos «ataques» e insultos «absolutamente inadmisibles» e «injustificados» por parte de una persona que debería estar ejerciendo «una competencia pública de gobierno».

En su intervención, Bal recordó que Vox se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero diciendo que iba a «representar los derechos» de las personas de esta comunidad, pero «los únicos derechos que invoca son los derechos a no trabajar», al «chiringuito», a «poder meter a familiares y amigos» para que «beban de los salarios públicos» y el derecho «al insulto».

Al respecto, lamentó que García-Gallardo se cree «con derecho a insultar a todo aquel que le pide cuentas». «Parece que también tienen derecho a la opacidad, pues este es el tema que motivó esa reacción por parte del vicepresidente de la comunidad», apuntó, al tiempo que deploró que el vicepresidente de Castilla y León crea que «puede hacer lo le venga en gana» y no «aquello por lo que se le paga».