MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Socalemfyc) denunció este martes que Sanidad de Castilla y León sigue «incurriendo en una ilegalidad» al contratar a graduados en Medicina sin Especialidad para atender a la población, una situación ya denunciada por la entidad, «que persiste desde hace más de un año».

Según explican desde la Sociedad, «la normativa que permitía esta situación con carácter excepcional y con motivo de la pandemia por la covid-19 (Real Decreto Ley 29/2020 del 29 de septiembre) decayó en octubre de 2021». Dicha normativa establecía la posibilidad de poder contratar personas que, contando con el grado o licenciatura correspondiente, carecían del título de especialista reconocido en España.

Por lo tanto, los facultativos de familia denuncian que desde hace más de un año, «es ilegal la contratación de médicos sin especialidad para ejercer actividad asistencial en el sistema público de salud con carácter general y en Sanidad de Castilla y León, con carácter particular».

Por ello, la Junta Directiva de la Socalemfyc quiere denostar públicamente esta práctica, ya que la consideran como «un fraude para la población de Castilla y León», puesto que señala que la atención médica «no cumple la normativa actual para el ejercicio de la profesión médica».

Añadieron que la situación es también, «desincentivadora e injusta para los médicos que están realizando su formación MIR, al ver menoscabados sus derechos formativos y expectativas laborales».

Por su parte, la presidenta de Socalemfyc, Isabel Gutiérrez criticó «la persistencia de esta situación irregular, con una atención médica que no cumple la normativa actual para el ejercicio de la profesión médica», además de destacar que «nadie se montaría en un avión pilotado por alguien que no tuviera el título de piloto o que no estuviera legalmente capacitado».

Quizás también te interese:  Los investigadores españoles del CSIC son lo que más perfiles tienen en Google Scholar

Por último, la institución concluyó que «esta situación afecta a la calidad del sistema sanitario público tanto en el ámbito de Atención Primaria como hospitalaria, pero, de forma preeminente a la Atención Primaria», ya que cuenta con menos medios.