MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa conminó este jueves a las autoridades españolas a que actúen para devolver el suministro eléctrico a los vecinos de la Cañada Real, en Madrid, que llevan dos años sin luz y, en caso de que esto no fuera posible, ofrecerles una vivienda alternativa con todas las comodidades garantizadas.
Lo hizo a través de una decisión en la que admitió a trámite por unanimidad una reclamación presentada el pasado mes de marzo por cuatro ONG y el sindicato CCOO, que denunciaban que los cortes de luz en la Cañada Real, que comenzaron en octubre de 2020, «y que aún continúan», afectan aproximadamente a 4.500 personas, de las cuales 1.800 son niños, lo que, a juicio de los demandantes, vulnera diez artículos de la Carta Social Europea.
En sus alegaciones, el Gobierno español adujo que el suministro eléctrico ya ha sido reestablecido en el Sector 5 de la Cañada Real, precisando que cuando se producen cortes en ese lugar, el servicio se restablece rápidamente. En lo concerniente al Sector 6, el Ejecutivo arguyó que el servicio no se puede restaurar, si bien detalló que «se han tomado varias medidas correctivas» y se ha diseñado un plan para «reubicar» a las familias que viven allí.
Oídas las partes, el Comité decidió admitir a trámite la reclamación al considerar que España podría haber vulnerado hasta ocho artículos de la Carta Social Europea, entre ellos los vinculados a la protección de las personas con discapacidad.
Por todo ello, exhortó a sus autoridades a «adoptar todas las medidas posibles» para «evitar daños graves e irreparables a la integridad de las personas» que viven en la Cañada Real y que carecen de luz, una situación que les expone a «riesgos para la vida y a su bienestar físico e integridad moral».
Del mismo modo, reclamó que garanticen que todos los vecinos de la zona tengan luz y calefacción, especialmente los «grupos vulnerables», entre los que citó a los menores de edad, las personas con discapacidad, los enfermos, los inmigrantes, las personas mayores y los gitanos.
En caso de no ser posible, instó a que les ofrezcan un «alojamiento alternativo adecuado», en el que esté asegurando el suministro eléctrico y la calefacción.
Por último, solicitó que España le informe antes del próximo 15 de diciembre de las medidas que contempla para concretar los ruegos que se le han formulado.