-Advierte de movilizaciones en cuanto haya nuevo Gobierno si no se atienden sus exigencias

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, dijo este lunes que «España necesita un Gobierno y unos presupuestos» porque existen «plantillas envejecidas y tensionadas» en la administración pública que «están dificultando la prestación a los ciudadanos de unos servicios públicos de calidad».

Así se pronunció Borra en la rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de CSIF en la que afirmó que «las ofertas de empleo de los últimos años, aunque han sido importantes, son muy insuficientes», para lo que propuso un complemento de un plan de empleo a corto y medio plazo que garantice la sostenibilidad del sistema.

En este sentido, consideró que España debe afrontar las reformas que requieren las administraciones públicas, ante «el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos» (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Prisiones…), así como de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los mismos.

Con motivo del inicio del curso político, del próximo debate de investidura en el Congreso de los Diputados y de las negociaciones que están manteniendo las diferentes fuerzas políticas, las propuestas de CSIF se dirigirán a la mejora salarial; refuerzo del empleo y rejuvenecimiento de plantillas; actualización de la normativa básica para corregir desigualdades entre administraciones, y financiación adecuada de los conciertos sanitarios en el mutualismo administrativo.

Borra defendió que «la coyuntura política no puede ser excusa para demorar las reformas que requiere la administración». Según datos de la Seguridad Social, en agosto se perdieron más de 11.000 empleos en las administraciones públicas, una cuarta parte de la oferta de empleo público de este año. Continuó exponiendo que la Administración Pública Estatal ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años, según el último registro del Boletín Estadístico de Personal (en julio de 2022 había 515.449 trabajadores, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892).

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CSIF espera que se conforme un Gobierno que permita diseñar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público. Concretamente, exigió suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas «adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía» mediante la planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público, agilizar los procesos selectivos y controlar la temporalidad.

TEMPORALIDAD

En este sentido, CSIF se mostró «preocupado por la situación de la temporalidad», ya que, según datos de la Encuesta de Población Activa, hay más de 1,1 millones de personas en situación de temporalidad en las administraciones públicas, lo que supone un 31% del total.

Recordó que los procesos de estabilización ya están desarrollándose y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8% para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea.

Por otra parte, CSIF rechazó el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmada el pasado octubre para 2022, 2023 y 2024 porque les «condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo y es totalmente insuficiente».

Además, en esta rueda de prensa el presidente de CSIF lamentó que «sólo en los dos últimos años los empleados públicos han perdido un 5,5% de poder de compra y un 20% desde 2010», año en el que se produjo la primera bajada salarial.

Ante esta situación, CSIF exigió renegociar un nuevo acuerdo salarial y llegar a un pacto que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, y la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 con el fin de devolver la estructura salarial de las pagas extras.

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Según Borra, los partidos del Gobierno de coalición «bloquearon en el Congreso, el pasado mes de mayo, una Iniciativa Legislativa Popular presentada por CSIF para derogar esta norma», que actualmente han recurrido ante el Tribunal Constitucional y están a la espera de su fallo. Remarcó que fue una medida que se adoptó con «carácter excepcional» y como tal, consideró que «debe derogarse». «No puede convertirse en normal lo excepcional», añadió.

Además, Borra, bajo la premisa «a igual trabajo, igual salario», pidió la habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre territorios.

Desde el sindicato advirtieron de que reactivarán las movilizaciones en cuanto haya nuevo Gobierno si no se atienden sus exigencias.

PENSIONES PÚBLICAS «DIGNAS»

CSIF defendió unas pensiones públicas «dignas» y que las clases pasivas reciban el mismo tratamiento económico que las del Régimen General, por lo que reclamaron al futuro Gobierno el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa (como sanidad, agentes forestales, entre otros); la regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, ya que actualmente no disponen de esta posibilidad.

Además, pedirán el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de las clases pasivas y un porcentaje adicional del 5% anual para quien decida prolongar su vida laboral; la aplicación del complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias, y que las clases pasivas también se beneficien del refuerzo de la cobertura del periodo de excedencia por cuidados familiares.

Borra puso de manifiesto que el Estatuto Básico del Empleado Público, en vigor desde 2007, «lleva años sufriendo reformas parciales en lugar de someterse a una revisión en profundidad que homogeneice, actualice y modernice aspectos esenciales de las condiciones de trabajo de los empleados públicos». CSIF pidió la jornada laboral de 35 horas; el desarrollo del teletrabajo en el conjunto del Estado; la homologación de los permisos y condiciones laborales entre administraciones; la regulación de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios, y la regulación de las lenguas cooficiales como mérito, nunca como requisito, entre otras.

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Sobre teletrabajo, CSIF recordó la firma en abril de 2021 de un acuerdo con el Gobierno sobre el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado que, más de dos años después, «sigue pendiente de aprobación el Real Decreto que debe establecer su regulación». Por esta razón presentaron en febrero una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por «retraso injustificado» que fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia y está pendiente de resolución.

PROTOCOLO CONTRA ACOSO SEXUAL

«Lleva un año durmiendo en un cajón el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado, cuyo texto CSIF acordó con el Gobierno en noviembre de 2022, y que será un referente al conjunto de la sociedad para poder sancionar situaciones y conductas como la protagonizada por Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol durante el reciente mundial femenino», añadió Borra.

El texto, que aún está pendiente de aprobación, contempla que los funcionarios denuncien de forma simultánea acoso a través de «comportamientos físicos» como el «contacto físico deliberado y no solicitado», «abrazos o besos no deseados» y «acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos».

También solicitaron que el Gobierno incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo administrativo en Muface y Mugeju correspondiente al periodo 2022-2024 para «evitar recortes en la asistencia ante la situación económica y el incremento de los precios».