MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El Juzgado de lo Social número 3 de León ha reconocido la nulidad del despido de Pedro H.R., que trabajaba como camarero en un restaurante de esa ciudad y que perdió el trabajo cuando la dueña del establecimiento se enteró de que es gitano.

Según informó la Fundación Secretariado Gitano (FSG), los hechos sucedieron cuando Pedro H.R. atendió a unos clientes gitanos a quienes conocía de vista y con los que entabló conversación. En ese momento, su jefa le preguntó si él también era gitano y, cuando contestó afirmativamente, ella le espetó que ese dato se lo tendría que haber comunicado antes de ser contratado, ya que quería saber quién trabajaba en su empresa.

Desde ese momento, según el testimonio de Pedro H.R., el trato de la jefa con él cambió notablemente, hasta el punto de hacerle comentarios como «tienes que leer más y aplicarte en los estudios, en vez de sentarte con primos a tomar litronas y tocar guitarras».

En otra ocasión, coincidiendo con la presencia de un grupo de hombres gitanos en el local, su jefa le comentó lo siguiente: «¿Ves por qué no quiero gitanos trabajando aquí? Antes, venían de vez en cuando y, ahora, a menudo, y eso no es bueno para el negocio». Uno de los presentes en aquel momento en el restaurante fue citado a testificar en el juicio.

Unos días más tarde, la jefa citó a Pedro H.R. en la puerta de un conocido centro comercial, donde le comunicó que prescindía de sus servicios, sin especificarle los motivos de su despido.

Ante esta situación, acudió a la Fundación Secretariado Gitano, donde fue atendido por Selene de la Fuente, quien ante los indicios fundamentados de despido por un móvil antigitano le animó a presentar una papeleta de conciliación al Servicio de Mediación y Arbitraje de León y posteriormente a solicitar abogado de oficio, para presentar la correspondiente demanda.

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Selene de la Fuente consideró que «esta sentencia es un buen precedente para los casos tan habituales de discriminación en el empleo por motivos antigitanos, que sufren muchas personas gitanas y que son vulneraciones graves de derechos, al limitar o impedir a las personas mejorar sus condiciones de vida».

FSG mostró su confianza en que este caso sirva para «animar a más víctimas a denunciar cuando sufran discriminación racial o étnica en el empleo o en cualquier ámbito, lo cual pueden hacer llamando al número 021», activado ayer para acceder al Servicio de Asistencia a Víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre).