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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de España promoverá que 2024 sea declarado Año Europeo de las Mujeres y las Niñas con Discapacidad, coincidiendo con la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2023.

Así lo anunció el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, en un diálogo organizado por la agencia Servimedia para presentar ‘Discamedia.es’ como nuevo periódico especializado en discapacidad y debatir sobre los retos del sector.

En el encuentro participaron también los presidentes del Grupo Social ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Carballeda, Luis Cayo Pérez y Miguel Angel Noceda, respectivamente, junto a la triatleta y campeona paralímpica Susana Rodríguez.

En su intervención, Martín Blanco avanzó la intención del Gobierno de aprovechar la presidencia de turno de la Unión Europea para impulsar las políticas de discapacidad y aseguró que se va a centrar el foco «de manera especial en las mujeres y las niñas con discapacidad». De ahí la propuesta de 2024 como Año Europeo, a fin de hacer visible la doble discriminación que sufre este colectivo.

«Otro tema clave para España» durante su presidencia de turno será «garantizar la libertad de movimiento de todas las personas en Europa», afirmó. Para ello, se va a trabajar en que «la Tarjeta Europea de Discapacidad se apruebe definitivamente».

En la actualidad, el reconocimiento del grado de discapacidad de un ciudadano sólo es válido en su país de origen, de modo que si este viaja a otro Estado europeo, el acceso a los servicios, ayudas y prestaciones que tiene reconocidos en su país de procedencia no están en absoluto garantizados.

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Para el presidente del Cermi, esto «dificulta la movilidad de las personas con discapacidad en Europa y limita nuestra igualdad de oportunidades». A su juicio, «ahora mismo, la Unión Europea protege mucho más la libre circulación de mercancías y de capitales que de personas».

«Si deseamos trasladarnos a otro Estado europeo, estamos al albur de lo que éste decida sobre las prestaciones y ayudas que necesitamos para vivir de forma autónoma», lamentó. Por ello, «precisamos un estatus jurídico que reconozca nuestros derechos».

Basado en un sistema voluntario de reconocimiento mutuo del grado de discapacidad entre Estados, la iniciativa se puso en marcha en febrero de 2016 como proyecto piloto en ocho países (Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia). Fue evaluada de forma positiva por la Comisión y se espera su adopción definitiva para finales de 2023.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Martín Blanco indicó que España fomentará también la accesibilidad universal en toda la UE, como «llave para asegurar el acceso a derechos básicos» de los 80 millones de ciudadanos con discapacidad que viven en ella.

«España es punta de lanza en estas políticas», comentó, poniendo en valor que Fundación ONCE fue finalmente designada para liderar el consorcio del Centro Europeo de Accesibilidad, que se ocupará de fomentar la implantación armonizada de medidas de accesibilidad universal en todos los Estados.

A su juicio, la presidencia del Consejo de la Unión Europea «puede brindarnos la oportunidad de mostrar todo lo que España ha avanzado en este terreno, que es mucho». Así, citó el derecho al voto de las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, y aseguró que «vamos a trabajar para que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, nadie quede excluido».

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En su opinión, la reforma de la Ley Electoral llevada a cabo por España para que las personas incapacitadas judicialmente recuperasen el derecho al voto «puede servir de ejemplo a muchos otros países».

DEBERES CONSTITUCIONALES

También expresó su deseo de llegar a la presidencia europea «con los deberes constitucionales hechos «, en clara alusión a la reforma del artículo 49 de la Constitución.

El presidente del Grupo Social ONCE defendió esta modificación, a fin de sustituir el término ‘disminuido’ por la expresión ‘personas con discapacidad’ y reforzar de esta forma la protección que los poderes públicos han de brindar a los derechos de este colectivo. «La sociedad y los grupos parlamentarios tienen ya suficiente conocimiento, y ya toca que esta reforma salga adelante», declaró.

De igual forma lo consideró Miguel Ángel Noceda, quien se mostró optimista respecto a los avances que en materia de discapacidad puede conseguir España durante la presidencia europea. «Ahora hay que fijar las prioridades» para determinar en qué aspectos trabajar y qué objetivos se persiguen, dijo.

Según Pérez, es cierto que «la Unión Europea avanza despacio en inclusión», pero «también sabemos que en otras presidencias europeas, España ha dejado huella». «Confiamos en que esta vez será también así», concluyó.