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MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La coordinadora de Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, destaca que el 10% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tenían algún tipo de discapacidad.

Estas afirmaciones las realizó en un nuevo encuentro organizado por ‘Discamedia.es’, el periódico especializado en discapacidad.

En este acto también participaron la presidenta de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), Ana Cabellos; la directora general de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, Noelia Cuenca; el director general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Ignacio Tremiño, y la presidenta de Asociaciones de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), Manuela Muro.

Según explicó Caballero, las mujeres con discapacidad presentan mayor prevalencia de la violencia de género. Así, indicó que la macroencuesta específica de 2015 (con datos del Instituto Nacional de Estadísticas de 2008) elevaba el porcentaje incluso al 20%.

Por su parte, Ignacio Tremiño, citó un estudio inédito de la Comunidad de Madrid junto a Fundación Cermi Mujeres, que revela que casi un 12% de las mujeres con discapacidad sobrevenida adquirieron esta condición a causa de los malos tratos. Aunque las últimas cifras a nivel nacional son algo superiores, tal y como agregó Caballero.

La investigación a la que se refirió Tremiño analiza «además las necesidades de estas víctimas y cuáles son los factores familiares y sociales que favorecen su recuperación», explicó.

Fundación Cermi Mujeres ha puesto ya en marcha estudios similares en Extremadura y Comunidad Valenciana, gracias a los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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Para Caballero, este tipo de trabajos «son muy necesario si queremos saber la realidad» de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género «en las distintas comunidades autónomas».

En esta línea, Muro destacó que de las 92 denuncias recibidas en el gabinete jurídico de Aspace, 32 tenían que ver con violencia de género. «Un porcentaje muy alto», comentó.

Por todo ello, Caballero reclamó que en 2023 se ponga en marcha la macroencuesta «sobre la violencia en mujeres y niñas con discapacidad». «Necesitamos datos actualizados y desagregados -por género y tipo de discapacidad- si queremos desarrollar políticas públicas adecuadas».

DETECCIÓN

Asimismo, subrayó la necesidad de formar a los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad para detectar posibles casos de maltrato, sobre todo «cuando hablamos de mujeres con discapacidad intelectual, parálisis cerebral o daño cerebral».

En este sentido, la presidenta de Aspace señaló que «las mujeres con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo» representan el 80% del colectivo y precisó que «tienen muchos problemas para explicar qué les ocurre y también para denunciar». De ahí que «la formación de los profesionales que trabajan con ellas sea importantísima».

Lo mismo sucede con aquellas que tienen daño cerebral adquirido, precisó Ana Cabellos, que en ocasiones además han llegado a la discapacidad a causa de la violencia.

Estos casos «son muy complicados», puntualizó, pues «hay mujeres que, tras el accidente cerebral, desarrollan problemas de conducta y de comportamiento».

«Aquí hay que hilar muy fino para determinar el origen. Nuestros profesionales intentan prestar ayuda (a aquellas de quienes sospechan) que han podido sufrir malos tratos, aunque siempre es difícil determinarlo», recalcó.

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En opinión de Cabellos, las mujeres con daño cerebral presentan «más o menos los mismos problemas que las que tienen discapacidad intelectual» a la hora de comunicar su situación y presentar denuncias.

ASISTENCIA PERSONAL

Por su parte, Caballero destacó que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género prevé de hecho la figura del facilitador o persona de apoyo para acompañar a las víctimas con discapacidad a lo largo de todo el proceso judicial. A su juicio, esta asistencia resulta «muy útil» y, en ocasiones, imprescindible.

«Quizás deberíamos revisar la terminología para evitar confusiones con la asistencia personal» propiamente dicha, admitió, pero «en general disponer de estos apoyos es determinante» para que las víctimas con discapacidad puedan «salir del círculo de la violencia».

«Todo lo que tiene que ver con promoción de la autonomía personal favorece la independencia de las mujeres con discapacidad y, por tanto, facilita que puedan salir de la violencia», concluyó.