MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El Gobierno aseguró este lunes que «no está» ahora mismo en la idea de aplicar el artículo 15 de la Constitución al Ejecutivo de Castilla y León sino que espera una «respuesta inmediata» al requerimiento enviado este domingo sobre la situación en la que está el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo en esta región.

«El Gobierno no está ahí», dijo la ministra de Educación y portavoz del Comité Electoral del PSOE, Pilar Alegría, cuando se le preguntó en rueda de prensa por esta posibilidad. De hecho, sostuvo que no sabe «de dónde ha salido» esa idea de una aplicación del 155 a la región.

Alegría comenzó su intervención ante los periodistas alertando de que hoy es un día de «gran preocupación» por lo que puede pasar en Castilla y León, aunque avanzó de que desde el PSOE «no vamos a consentir ni un mínimo retroceso en el ámbito de la igualdad».

Porque, ahondó, lo que se ha «acordado» en el Gobierno de coalición de PP y Vox que preside Alfonso Fernández Mañueco es «un ataque directo a la libertad y derechos de las mujeres».

Durante la comparecencia de la ministra, el presidente castellanoleonés dijo sentirse estupefacto por las acciones que estaba emprendiendo el Gobierno, a lo que Alegría respondió con que «estupefacción» es lo que sienten las mujeres al ver cómo PP y Vox quieren «recortar» derechos.

La ministra aprovechó para denunciar que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, «lleva cuatros días callado». Este silencio «le desacredita» como líder del principal partido de la oposición y demuestra que «no es el líder del PP» sino «el rehén de Vox», apostilló.

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Además, demandó al presidente popular «alguna explicación» por las últimas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tachó de «ilegítimo» al Gobierno que preside Pedro Sánchez y sostuvo que el Congreso está «amordazado», lo que llevó a Alegría a alertar de que son consideraciones escuchadas antes de los asaltos al Capitolio de Estado Unidos hace dos años o hace unas semanas en Brasilia contra el Ejecutivo de Lula da Silva.