En los últimos días, León ha podido conocer dos hechos esclarecedores de lo poco que ha cambiado el Ayuntamiento de León a pesar de los esfuerzos del alcalde por ocultarlo. Hechos tan graves y esclarecedores que debo modificar mi reciente valoración del primer año de Gobierno municipal. Ya no estamos en una monarquía absoluta; estamos en una dictadura represiva.

El primero ha sido el informe emitido por una ONG imparcial, realizado a los 100 ayuntamientos más importantes del Estado, en el que se analizaba su nivel general de transparencia. Dicho informe ha estudiado cinco aspectos fundamentales de cualquier gestión municipal. La información ofrecida sobre la Corporación municipal, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, la transparencia en materia económica financiera, las contrataciones de servicios y el urbanismo y las obras públicas.

El sexto lugar en nivel de opacidad, o el 95 en nivel de transparencia, es un puesto merecido y ganado a pulso. Vista además la reciente agresión de un policía local, durante el último Pleno, a un hombre mayor, representante de la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil del barrio de Cantamilanos, nos parece un puesto demasiado digno.

Este ha sido el segundo capítulo que ha desarmado toda la propaganda municipal y ha sacado a la luz el verdadero talante de un Gobierno sin talento que persigue y amedrenta a quien utiliza su derecho democrático a la libre expresión de sus opiniones y tiene... ¿el descaro? de hacerlo en público junto al resto de sus vecinos y vecinas.

Es un escándalo que se lance a la Policía contra dos personas mayores, que ni siquiera se encontraban dentro del recinto consistorial y cuyo delito ha sido querer utilizar el baño del antiguo Ayuntamiento de San Marcelo durante un Pleno municipal que, recuerdo, es público y seguía siendo público mientras sucedieron los hechos. Con esta agresión y el uso de la represión policial más indigna sobre quien no puede defenderse, ha sobrepasado cualquier límite tolerable de lo que debe ser el funcionamiento democrático de cualquier ciudad. El alcalde debe tomar medidas, empezando por pedir perdón público, y actuar contra quienes protagonizaron la agresión, sean quienes sean, para después devolver a los vecinos sus legítimas propiedades. Confiscadas por manifestación ilegal. Una manifestación ilegal numerosísima: dos personas mayores, delante de la puerta del Consistorio. Toda una amenaza a la paz social.

¿Pero a quién quieren engañar?

Continuando, el nivel de opacidad del Ayuntamiento de León es una constante tradicional que no se ha reducido con el equipo de Gobierno PSOE-UPL. Se niega información a los vecinos, se imponen decisiones falseando la realidad, últimamente hasta se reprime, veja y agrede a los vecinos descontentos con alguna de sus decisiones. A esto se une el modelo clientelar que rodea la relación de esta institución con los colectivos sociales, una relación de chantaje y compra-venta de voluntades que el PSOE maneja tan bien o mejor que el PP. Menos mal que no todos los colectivos sociales entran en el juego o simplemente mantienen su actividad sin alteraciones políticas ajenas a pesar de algún que otro intento o amenaza.

La careta se ha caído. El modelo opaco y la negación de información, los proyectos que incumplen la ley y los mínimos requisitos administrativos para sacar adelante estos proyectos, la pervivencia de un PGOU que  se salta a la torera el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, un presupuesto municipal falsificado para ocultar la deuda con las concesionarias privadas, la actuación sin control de estas mismas empresas, el sacrificio de los barrios para derivar todos los recursos municipales a los caprichos del partido en el Gobierno, la persecución y amedrentamiento de las asociaciones vecinales que cumplen con sus obligaciones. Todos son ejemplos de actuación del PP que el PSOE mantiene como imagen de marca del Ayuntamiento de León.

Esperamos que los informes y actos dignos de la mayor condena, como los conocidos estos días, terminen definitivamente con la ingenuidad de los leoneses y leonesas. Una inocencia que empezó a perderse coincidiendo con la subida de impuestos de diciembre pasado y la imposición con calzador de nuevas privatizaciones, que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudad y, probablemente, mucho con el bienestar de quien toma estas decisiones. Lástima que la oposición sea monocolor y además del PP. ¡Y qué oposición! De verdad, qué lástima. ¡Pobre León!