La Junta de Castilla y León será finalmente la que decida si aprueba o rechaza el expediente de regulación de empleo (ERE) de la fábrica de cableado para automóviles Lear Automotive en Ávila, tras concluir las negociaciones entre la dirección y el Comité de Empresa sin ningún acuerdo.

La presidenta del Comité de Empresa, Paloma Nieto, confirmó este lunes la ruptura de las negociaciones y expresó su malestar por la "escasa predisposición al acuerdo" mostrada por los directivos de la multinacional. "Los trabajadores hemos hecho un gran esfuerzo en la negociación de las indemnizaciones por despido, llegando a los 60 días por año trabajado, pero la dirección de Lear nos ha dicho que no podía subir más de 52 días por año", explicó Nieto.

Una vez concluidas las negociaciones, empresa y representantes de los trabajadores firmarán un acta de desacuerdo que pasará a manos de la Junta de Castilla y León, que deberá decidir si opta por mediar en este asunto o por resolver el ERE que afecta a 265 de los 905 trabajadores de la planta de Lear en Ávila.

Paloma Nieto reconoció que "al no existir acuerdo sobre las indemnizaciones, el resto de cuestiones a tratar pasaron a un segundo plano" y subrayó que "debe ser ahora el Gobierno regional el que llame a ambas partes" para reunirles.

Los momentos previos a la reunión estuvieron marcados por la concentración de cerca de 200 trabajadores del turno de mañana a las puertas de la factoría, que acudieron con cencerros, platillos, pitos y bocinas. Como medida de presión, los manifestantes rodearon el vehículo de los directivos de Lear que acudieron a la reunión, impidiendo así su paso a la fábrica durante cuarenta minutos.

Durante ese tiempo, los trabajadores gritaron consignas como "no tenemos prisa", "manos arriba, esto es un atraco" o "cerdos en portada", e incluso llegaron a zarandear en varias ocasiones el turismo de los directivos.

A la reunión acudieron el director de Operaciones de Lear Automotive en Europa, Alfonso Jofré, y los responsables de recursos humanos, por parte de la empresa, y tres representantes de Comisiones Obreras, dos de UGT y uno de la Unión Sindical Obrera (USO), con sus respectivos asesores, por parte de los trabajadores.

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