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La Federación de Enseñanza de UGT en Castilla y León ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que dicte las instrucciones oportunas ante cualquier actuación donde existan indicios de que se ha empleado la fuerza, intimidación o cualquier otra manifestación de violencia, contra un cargo público de Educación.

En esta consideración, UGT incluye a los funcionarios docentes, funcionarios no docentes y personal laboral y solicita que, en caso de ser víctimas de violencia o intimidación por parte de los alumnos o de sus familias, este comportamiento sea considerado como un atentado contra funcionario público, tal como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Según el sindicato, "en la Federación de Enseñanza de UGT somos conscientes de que no en todos los centros hay una falta de disciplina y que las relaciones ente los diferentes estamentos de la comunidad escolar son o suelen ser buenas". En este sentido, "creemos que los roces, las discusiones en los foros adecuados van siempre encaminadas a un único fin: la mejora de la calidad educativa de nuestra Comunidad, por lo cual los vemos necesarios y convenientes; pero también existe una gran preocupación por las situaciones creadas en diversos centros escolares, donde existe conflictividad, agresiones y violencia".

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