Hay dos Españas capaces de helar el corazón a cualquiera: la España de la opulencia y el país de la necesidad. Ejemplo de la primera son algunos de los nuevos desarrollos urbanísticos, insensibles al daño medioambiental que causan. Ejemplo del segundo es el anuncio aparecido recientemente de una persona que ofrecía un riñón a cambio de una vivienda.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha apresurado a recordar que la donación de órganos es altruista por decreto y que nadie puede cobrar -ni en metálico ni en especie- por dejarse quitar un órgano. No es frecuente -al menos, en lo que trasciende- que alguien ofrezca una parte de su cuerpo a cambio de una vivienda, un trabajo o cualquier otra compensación, pero cuando ocurre, siempre refleja una situación grave de necesidad.

El respeto a la vida humana es pura teoría en muchos lugares y nos estamos acostumbrando a asistir horrorizados pero impertérritos al macabro espectáculo de personas secuestradas para robarles un riñón, de niños puestos en venta por sus padres o de mujeres obligadas a comerciar con sus cuerpos para el enriquecimiento de otros. Cierto es que muchas de estas prácticas ocurren lejos de nuestras fronteras, pero no lo es menos que el mundo se hace cada vez más pequeño y las distancias no son hoy ningún problema.

En estas circunstancias, a muchos no sorprende el anuncio que ha llevado a la Junta a recordar que todos estamos sujetos a la legalidad vigente. Y, sin embargo, refleja una situación de necesidad que debería dar que pensar a quienes tienen en su mano el poder de transformar esta sociedad en la que los ricos son cada vez más ricos y los pobres -uno de cada cinco españoles es oficialmente pobre- cada vez tienen menos.

Da lo mismo que alguien ofrezca su riñón por un trabajo o por una vivienda: en el fondo están el encarecimiento injustificado de los pisos -los mismos que la Constitución considera un derecho básico de todo español- y las dificultades laborales en muchas zonas de Castilla y León donde lo que sorprende es encontrar un trabajo en un plazo razonable de tiempo. Pero no hay voluntad política de cambiar la situación, de frenar la escalada de precios de las viviendas -cuya calidad no justifica ni de lejos el precio que se paga por ellas-, de acabar con la economía sumergida o de crear estabilidad en los empleos.

Está bien que los responsables políticos recuerden que vivimos en un Estado de derecho donde las leyes se han de cumplir, pero estaría aún mejor que se ocuparan de hacer cumplir todas las leyes: las populares y las impopulares, las que afectan al común de los ciudadanos y las que no gustan a quienes se enriquecen a costa de los demás. Así, quizá, tendríamos mejor opinión de la clase política.

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