Hay en casi todas las actuaciones del Gobierno algo que incita a la duda. Por más que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros se empeñen en negarlo, el Ejecutivo central no está respondiendo a las expectativas generadas el 14-M. Cierto es que su llegada al poder se produjo en medio de la conmoción general que provocaron los atentados del 11 de marzo en Madrid, pero a partir de entonces las salidas de tono y la absoluta falta de tacto para manejar situaciones que requieren mucha diplomacia se han hecho evidentes. El "cambio tranquilo" que pregonara a los cuatro vientos Rodríguez Zapatero se transforma muy a menudo en un esperpento de la política que en nada ayuda a la gobernabilidad y la convivencia democrática.

El último ejemplo es la decisión de devolver a Cataluña el 2,5 por ciento de los documentos custodiados en el Archivo de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, con la excusa de que fueron expoliados por las tropas franquistas a la Generalitat, que es su legítima propietaria. Nadie duda de que esos documentos pertenecen a la Generalitat, como los intervenidos al Gobierno vasco lo son de este último y los valencianos lo son de Valencia. No es ésa la cuestión y, sin embargo, basar la decisión del Gobierno en el importante detalle de la propiedad no sólo abre la caja de Pandora de las reivindicaciones territoriales sino que plantea un problema mucho mayor. ¿Por qué no, entonces, repartir los tesoros del Museo del Prado entre las distintas regiones: los cuadros de Sorolla, a la Comunidad Valenciana; los de Velázquez, a Andalucía; los de Miguel Ángel, a la República Italiana? Puestos a desvariar, ¿por qué no desmantelar el patrimonio artístico de los museos, de la Biblioteca Nacional, de las propias ciudades?

A nadie se le ocurre que algo así pueda plantearse. Simplemente, es una locura. Entonces, ¿por qué se debe sacar un 2,5 por ciento de los fondos documentales del Archivo de Salamanca, mutilando así la memoria de la Guerra Civil española? Y es aquí donde nos asaltan las dudas.

Hace tiempo que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Carod Rovira, demostró que no se muerde la lengua y que sólo tiene un interés: el suyo propio. En esta ocasión, la duda sobre las verdaderas razones del Gobierno para devolver a la Generalitat los documentos de la Guerra Civil la siembra de nuevo Carod Rovira. Pocas horas después de conocerse el dictamen de la Comisión de Expertos sobre el Archivo de Salamanca, el líder de ERC planteó a los periodistas que la recomendación de los expertos venía a demostrar que el apoyo de su formación al Gobierno socialista "no ha sido a cambio de nada".

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene un problema serio en su relación con ERC. No porque Carod Rovira acostumbre a poner sobre el filo de una navaja a los gobiernos de turno, da lo mismo que sea el de la Generalitat o el de España, sino porque con sus palabras siembra la duda y nos inclina a pensar que en la decisión de trasladar a Cataluña parte de los documentos del Archivo de la Guerra Civil hay intereses políticos. Y eso es algo que ningún Gobierno se puede permitir porque descubre que en vez de trabajar por el interés general, trabaja por el interés partidista.

Rodríguez Zapatero tendrá que explicar algún día hasta qué punto su Gobierno está 'vendido' a los nacionalistas. En realidad, el jefe del Ejecutivo tendrá que demostrar muchas cosas: su capacidad, la validez de su palabra y el cumplimiento de su programa electoral. Hasta ahora, sin embargo, no ha respondido a las expectativas. Y no sólo en Salamanca con el contencioso sobre el Archivo. También en León, su provincia. Si el presidente del Gobierno cree que con la celebración de un Consejo de Ministros y de una cumbre hispano-alemana los leoneses ya se dan por satisfechos, se equivoca. León necesita mucha más atención del Gobierno para resolver sus problemas enquistados: la fuga de empresas, la falta de oportunidades y el futuro de la provincia. Pero éste es un tema que merece otro comentario.

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