Dice la Junta -y el PSOE no lo desmiente- que se han alcanzado algunos principios de acuerdo con el principal partido de la oposición sobre temas "importantes" para Castilla y León, y hay que felicitarse por ello. Con frecuencia, la rivalidad entre partidos y los diferentes puntos de vista sobre las distintas cuestiones llevan al enfrentamiento paralizante que en nada ayuda al desarrollo de la región.

Castilla y León tiene en estos momentos varios frentes abiertos, de cuya gestión -no nos engañemos- va a depender en buena parte el futuro de esta comunidad. La reforma de la OCM del azúcar que quiere imponer la Comisión Europea, la falta de infraestructuras, la salida de documentos del Archivo de la Guerra Civil o la financiación sanitaria son sólo cuatro de los problemas a los que se enfrenta la región, y de su solución dependen el empleo de los próximos años, el desarrollo económico, la mejora de las prestaciones sanitarias -en un momento en el que la investigación y el reciclaje de los profesionales sanitarios es fundamental para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la inmigración- e, incluso, la propia concepción de España.

Por todo ello es importante que entre Gobierno y oposición existan canales de diálogo fluido. No hay posición más fuerte a la hora de negociar cuestiones de capital importancia para Castilla y León que la resultante del consenso entre formaciones políticas. Y acordar posturas no significa renunciar a los propios principios, como a menudo parecen creer los políticos cuando se aferran a posiciones encontradas y rechazan la negociación. El presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCL-PSOE, Ángel Villalba, dieron el miércoles un ejemplo de coherencia política al asumir con decisión el mandato de búsqueda del bien general, que esconden las urnas.

Es cierto que el PSOE de Castilla y León se encuentra en una posición más difícil que el Partido Popular, ya que debe someterse a la disciplina de partido en cuestiones como la financiación de la sanidad, el contencioso del Archivo o el Plan de Infraestructuras, que enfrentan al Gobierno de la nación con la Junta. Pero también lo es que antes estuvo en esa misma posición el PP y que, en ambos casos, no hay monolitismo que impida discrepar del propio partido cuando se trata de beneficiar a los castellanos y leoneses.

El encuentro del miércoles entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición debería abrir un nuevo periodo político en Castilla y León. Nadie duda de que a todos beneficia disponer de más y mejores carreteras, de fácil acceso a la alta velocidad ferroviaria, de más dinero para la sanidad y de más oportunidades laborales, incluso en el campo y en las profundidades de la tierra; no hay que olvidar que el sector primario -el que engloba a la agricultura, la ganadería y la minería- es el único que garantiza el futuro de las sociedades. Sin él no hay industria y sin industria, no puede haber comercio ni servicios. Por eso, para que Castilla y León tenga futuro es necesario unir esfuerzos en la defensa de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestras minas, de nuestras fuentes de energía, de nuestras industrias y de nuestros comercios; trabajar unidos en su modernización y desarrollar estrategias que aseguren su competitividad en un mundo cada vez más globalizado.

Si los principios de acuerdo alcanzados el miércoles entre el Gobierno regional y el principal partido de la oposición van en esa línea, bienvenidos sean. Si no, habrá que lamentar una nueva oportunidad perdida.

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