Tal como prometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado miércoles, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas encaminadas, por una parte, a evitar en la medida de lo posible nuevos incendios forestales y, por otra, a mejorar la coordinación entre administraciones en los casos de siniestros. Bienvenidas sean las prohibiciones -algunas tan llamativas como la prohibición de fumar en espacios forestales, que se suma a las de hacer fuego, quemar rastrojos y utilizar maquinaria en áreas forestales sin autorización expresa-, si sirven para evitar nuevas tragedias como la recientemente vivida en Guadalajara, donde once personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas de distinta consideración mientras intentaban apagar el incendio, o como las que azotan estos días a Extremadura, Canarias, Cataluña o Aragón, donde no se han perdido vidas humanas, afortunadamente, pero se han calcinado miles de hectáreas de un incalculable valor ecológico.

Las medidas acordadas por el Gobierno no son gratuitas: un altísimo porcentaje de incendios forestales son intencionados o se producen por negligencia. Por ejemplo, la sequía que este verano padece España ha hecho que el cereal crezca menos de lo normal, por lo que para segarlo hay que bajar las cuchillas de las cosechadoras hasta casi rozar el suelo. Así, cualquier roce con una piedra puede provocar la chispa fatídica que encuentra su alimento en el rastrojo seco. No hace falta buscar el fuego; éste sale a nuestro encuentro donde menos se le espera.

Por eso, todas las prohibiciones que sirvan para evitar dar facilidades al fuego son acertadas. Pero no debemos olvidar que la prevención de los incendios compete a todos, a administraciones y ciudadanos por igual. Estos últimos tienen la responsabilidad de proteger el monte, pero el Gobierno y las comunidades autónomas tienen el deber de mantenerlo limpio de matorrales. Como bien apuntan los vecinos afectados por los incendios, en muchas ocasiones el fuego no avanzaría tan rápido ni tan destructor si en su camino no se encontrara hierba y matorrales secos.

Aquí es donde entra en juego la coordinación entre administraciones que el Gobierno quiere garantizar con la creación de un nuevo centro específico. A nadie en su sano juicio le cabe en la cabeza que en un caso como el de Guadalajara el Gobierno central deba pedir permiso a la Junta de Castilla-La Mancha para enviar medios humanos y materiales a luchar contra el fuego. Como tampoco cabe en la cabeza que una Administración autonómica tarde en comunicar al Gobierno de la nación una situación de emergencia. Estamos equivocados si creemos que autonomía es bastarse solos para hacer frente a los problemas. Esa actitud tiene otro nombre que aparece en algunos diccionarios bajo el epígrafe 'G'. Contra el fuego nunca hay suficientes medios y las comunidades autónomas deben convencerse de que todavía hoy, el Gobierno de la nación, a través de sus ministerios de Medio Ambiente, Defensa e Interior, tiene más y mejores medios para hacer frente a catástrofes.

La coordinación es necesaria y la generosidad de ceder el mando de una operación contra el fuego a quienes están más capacitados técnica y, en ocasiones, psicológicamente es algo que deben asumir los responsables políticos, porque si no es con la colaboración de todos y la unidad en una misma dirección, ninguna prohibición, ninguna medida preventiva, ningún centro de control servirá para ganar la batalla al fuego.

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