Tiene razón la UPL al criticar el anuncio de modificación del Reglamento Especial de Concesiones de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de León, hecho por el concejal de Régimen Interior del Consistorio leonés. Pero la tiene con condiciones. Es cierto que el reconocimiento político y, sobre todo, ciudadano a personas o instituciones que lo merezcan no puede quedar al albur de una mayoría simple, y esto es así porque -por muy democrática que sea- la mayoría simple ha demostrado ser la más manejable de todas las que pueden ser en la práctica política. Y si la mayoría resulta manejable, ¿quién garantiza que los honores y distinciones se otorgarán con honradez y auténtico merecimiento, y no por interés del partido político que ostente la mayoría de turno?

Los reconocimientos políticos y ciudadanos deben ser, ante todo, merecidos objetivamente y por encima de intereses partidistas o circunstanciales. Si los políticos fueran una especie capaz de demostrar su objetividad y servicio a los ciudadanos -como, por otra parte, debería ser dada la esencia misma de la política-, nada habría que objetar a que las distinciones se otorgaran por mayoría simple o, incluso, por el voto cualificado de un presidente o un alcalde. Pero en este país los políticos han demostrado en innumerables ocasiones su interés partidista, y afirma esto quien, en su estreno como redactor parlamentario de una emisora de radio, hace ya algunos años, asistió en el Congreso de los Diputados al rechazo de una proposición de ley que beneficiaba a los jubilados porque los dos partidos mayoritarios, que defendían posturas semejantes, no quisieron ponerse de acuerdo para unificar sus proposiciones ni votar a favor de la propuesta del contrario. Fue el primero de una serie de ejemplos que ponen en duda la capacidad de los políticos para ser fieles a los principios que rigen su actividad profesional.

Dicho lo anterior, no puede extrañar que defendamos la postura de la UPL en este asunto. Pero con condiciones. Porque UPL parece olvidarse de que no hace aún muchas semanas su oposición y la del PSOE impidió el reconocimiento a los alcaldes y concejales que han formado parte del Ayuntamiento de León durante los primeros 25 años de democracia. León debió ser entonces la única capital de provincia española que negaba a sus representantes democráticamente elegidos, en un periodo que nació convulso y, gracias al empeño de todos -políticos y ciudadanos-, terminó tranquilo, el reconocimiento que les debe la sociedad.

Dice el portavoz de UPL, Javier Chamorro, que no hay ningún motivo que justifique un homenaje global a aquellos alcaldes y concejales. Pero se olvida que el homenaje que en toda España se dedicó a quienes hicieron del servicio a sus conciudadanos su objetivo, en un momento crucial para el futuro de España, no era a cada uno de los ediles sino al concepto de ayuntamientos democráticos, de soberanía popular. Y si la mayoría cualificada sirve para jugar con la política en los mismos términos que la mayoría simple, el rechazo de la modificación que pretende el equipo de gobierno municipal carece de sentido.

Convendría a los políticos ser más cuidadosos en sus apreciaciones. Sobre todo, si quieren que la sociedad vea en ellos a unos representantes responsables que podrán la objetividad, la justicia y el interés general por encima del suyo propio. ¿Serán capaces?

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