En las facultades de Ciencias Políticas y Sociología deberían enseñar a pensar o, al menos, a contar hasta diez antes de hacer declaraciones. Quizá así las clases políticas futuras evitarían el bochorno a que nos tienen acostumbrados nuestros representantes públicos actuales.

Dice la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que España es "un país sin fronteras interiores". Es cierto, pero lo dice el día en que trabajadores adscritos a su departamento sacan del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, las quinientas cajas de documentos que una ley promulgada por el Gobierno socialista devuelve a la Generalitat de Cataluña. Si España no tiene fronteras interiores, ¿qué importancia tiene que esos documentos permanezcan en Salamanca? ¿Por qué ese empeño en devolver a sus legítimos propietarios materiales depositados en un archivo que es el equivalente documental a un museo? ¿Quién nos garantiza que ese mismo criterio no se aplicará a las obras de arte -por cierto, muchas- que se pueden admirar en nuestras pinacotecas tras ser expoliadas a sus propietarios? ¿Cómo se podrá explicar que el interés de la devolución se aplique sólo a los documentos de la Generalitat y no a los cuadros de grandes artistas, a las obras escritas de extraordinarios autores o a los restos que dejaron en nuestro suelo los pueblos que nos han visitado a lo largo de nuestra historia?

Porque, puestos a reconocer a los legítimos propietarios de las cosas, es justo reconocer que el acueducto de Segovia es una infraestructura diseñada, financiada y construida por el Imperio romano. ¿Se lo devolverá la ministra y lo reconstruirán en el foro de la capital italiana? Igualmente cierto es que la dama de Elche debería estar en su ciudad y no en Madrid, o que las obras maestras de la pintura flamenca que expone el Museo del Prado quizá deberían viajar a Holanda para mostrarse en sus pinacotecas.

Lo anterior es, qué duda cabe, una temeridad y, probablemente, una equivocación enorme. Pero es que no se comprende el enfermizo empeño del Gobierno central por devolver a la Generalitat de Cataluña unos documentos que, sin duda, le pertenecen, pero que se pueden exponer, consultar y reconocer igualmente en Salamanca que en Barcelona. Si no hay fronteras interiores, ¿por qué se deben sacar de un archivo que constituye el único fondo documental completo sobre la Guerra Civil española para mostrarlos separada y parcialmente en un museo catalán?

La actuación del Gobierno, por más que el PSOE y los partidos catalanes la aplaudan, mueve a la sospecha. Lo hace desde que se anunció por vez primera la intención del Ejecutivo de restituir los documentos a la Generalitat. Dice la ministra de Cultura que con la devolución de los legajos se da respuesta a una reivindicación catalana de hace treinta años. ¿Va el Gobierno a atender las reivindicaciones de todos los territorios, algunas más antiguas que la de la Generalitat?

Se mire por donde se mire, inevitablemente se llega a la constatación de que el Gobierno catalán sale ganando. Es evidente que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no va a tener la misma consideración con otros gobiernos regionales ni va a atender -oportunidades de hacerlo ha tenido muchas desde el 14 de marzo, cuando ganó las elecciones generales- reivindicaciones mucho más importantes y legítimas que la de los legajos. Pero eso es moralmente reprobable porque establece diferencias injustificables entre regiones que ya tienen demasiadas diferencias que limar.

Que el traslado de los documentos sea el pago del Gobierno del PSOE a los 'favores' de los partidos catalanes o sólo una decisión movida por la voluntad de hacer justicia -como tan pretenciosamente afirma la ministra Carmen Calvo- importa poco. Lo que molesta son las formas: el empecinamiento, las prisas, la falta de argumentos de peso, la sensación de que ninguna de las razones que da el Gobierno se sostiene por sí misma.

Pese a eso, los partidos castellanos y leoneses y las administraciones de la región deberían dar ejemplo de civismo y cumplir la ley. Que pueda ser injusta o inconstitucional no significa que se esté eximido de cumplirla y las administraciones públicas han de dar ejemplo de responsabilidad democrática. Si algún tribunal concluye en el futuro que la salida de los legajos es ilegal, nada habrá más fácil que devolverlos a Salamanca en las mismas furgonetas que se los han llevado de la ciudad. No hay motivo, por tanto, para poner impedimentos a la salida de los legajos. Los obstáculos dan argumentos al Gobierno.

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