La propuesta del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de ofrecer a municipios leoneses y de Zamora la posibilidad de cambiar su pertenencia a Castilla y León por su integración en la comunidad autónoma de Galicia ha espantado a muchos en el Gobierno central, en la Junta y en instituciones castellanas y leonesas de todo tipo. No es para menos, ya que la propuesta llega en un momento delicado del nacionalismo y, además, nadie en su sano juicio está dispuesto a perder la más mínima parte de su territorio por vía pacífica.

Dicho esto, lo cierto es que la proposición del BNG carece de todo sentido. Claro que se apoya en una larga tradición reivindicativa del nacionalismo vasco sobre Navarra y en la arbitrariedad con que en su día se construyó el Estado español de las Autonomías. La estructura territorial de España, tal como la conocemos ahora, nos ha permitido vivir en paz durante casi un cuarto de siglo, consolidar la democracia y desarrollarnos social y económicamente hasta el extremo de permitirnos fijar nuevos objetivos para el futuro inmediato. Pero ese mismo Estado de las Autonomías es incongruente en algunos aspectos. Por ejemplo, en la distinción entre comunidades históricas y autonomías que no lo son; y en la propia delimitación de los territorios.

Históricamente, a los españoles se nos ha dado mal definir fronteras. Así se explica que, en un cierto momento, se decidiera incluir a las provincias de Valladolid y Palencia en el Reino de León o que la Comunidad Autónoma de Castilla y León se construyera 'expulsando' a las actuales comunidades uniprovinciales de Cantabria y La Rioja, antes integrantes -con los nombres de Santander y Logroño- de la artificial Castilla 'la Vieja'.

Con estos mimbres, no es de extrañar que los partidos nacionalistas aprovechen para -como en el caso del BNG, que se prepara para su congreso- hacer propuestas atrevidas, y tampoco lo es que las instituciones afectadas se opongan y amenacen con emprender acciones legales si se llevan a cabo. Pero las mismas instituciones que se escandalizan olvidan con facilidad que ellas son también responsables de las proposiciones nacionalistas. En el caso de Castilla y León, las advertencias de la Junta al Bloque Nacionalista Galego pierden fuerza por la vía de los hechos.

El caso del Condado de Treviño es la fisura que presenta la postura institucional castellana y leonesa. Este enclave ubicado en mitad del territorio alavés pertenece a Burgos y, sin embargo, por su situación e, incluso, por el modo de vida de sus habitantes, podría ser vasco de pleno derecho. No se puede, por tanto, criticar al BNG mientras Castilla y León mantenga el control de un enclave aislado en territorio vasco. La propuesta del Bloque es inaceptable, pero la Junta debe actuar como la mujer del César: además de tener razón, no debe ofrecer ningún resquicio por donde su oposición se pueda tambalear. Y si la realidad presenta inevitablemente un punto débil, el Gobierno regional deberá pensar muy bien cuáles son sus argumentos para oponerse y deberá actuar conforme a ellos.

La propuesta del BNG no se puede admitir porque trasciende los límites gallegos y es peligrosa para el futuro de todos. Si se admitiera el principio de que, por proximidad, por la lengua que se habla o por la tradición, un lugar puede ser reclamado por otro, se abriría la puerta a la entrega a Marruecos de Ceuta y Melilla -y quizá, por qué no, también de las islas Canarias-. Cierto que esos argumentos son los que utiliza España para reclamar al Reino Unido la devolución de Gibraltar, pero es que el caso que plantea el BNG no es tan claro como el del Peñón ni, siquiera, como el curioso caso del Condado de Treviño.

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