Más allá de las cifras de participación en la manifestación convocada por el PP contra la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero -una vez asumida la imposibilidad de poner de acuerdo al Ejecutivo con la oposición e, incluso, a la Delegación del Gobierno con la Comunidad de Madrid-, la marcha debe ser considerada una derrota del Gobierno. Aún admitiendo que los cientos de miles de personas que se manifestaron entre la Puerta de Alcalá y la plaza de Colón de Madrid fueran todas -cosa harto improbable, por otra parte- militantes o votantes del PP y entendiendo que, entre los "millones y millones" que no fueron -utilizando la expresión del portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido-, sólo los militantes y simpatizantes del Partido Popular la apoyaran, se trata de casi media España. Porque en este país, las distancias entre socialistas y populares -al menos, en las urnas- son bastante escasas.

En los manuales de Política se debería enseñar que cuando a un Gobierno se le manifiesta, de pensamiento, palabra u obra, la mitad del país, ese Gobierno ha fracasado. Porque se encuentra frente a un país dividido.

La realidad es que España está dividida. Naturalmente, nadie -en el Gobierno ni en la oposición- tendrá la gallardía de admitir su responsabilidad en esa situación, pero todos son responsables. A menudo se quita hierro a las cosas subrayando que la división es entre políticos y que al español de a pie no le importan otros temas que llegar a fin de mes, que gane su equipo el domingo y que en televisión pongan programas de entretenimiento, cuestiones sobre las que -dicho sea de paso- hay bastante unanimidad.

Pero esa unanimidad se rompe cuando la ciudadanía se acuesta con la desagradable sensación de que un asesino ha echado un pulso al Gobierno y ha ganado. Y se rompe porque víctimas de ese asesino somos todos y la prisión 'atenuada' nos ofende. Sobre todo, porque nadie desde el Gobierno nos ha explicado la situación y los motivos de la decisión tomada por Rodríguez Zapatero, tan ocupados como están en descalificar a la oposición y reducir el problema a la simplicidad absoluta: el enfrentamiento entre "decentes y no decentes", como apuntaba -horas después de la manifestación- Diego López Garrido. La decencia se les supone a todos, faltaría más; y no es necesario recordarlo. Pero no se trata de eso sino de que una parte importante de este país no entiende y, por lo tanto, está en contra de las decisiones de un Gobierno que insiste en pedir la confianza ciega en sus actos. Sólo que la confianza ciega existe en el amor, pero no en la política.

Tras la manifestación de este 10 de marzo, el Gobierno debería -independientemente de que cambie su decisión sobre José Ignacio de Juana, como quiere el PP, o la mantenga, como anuncia Zapatero- explicarnos a todos qué pasa en España y por qué se toman ciertas determinaciones. El "yo soy bueno y los que no están conmigo son malos" no sirve porque, en política, la verdad absoluta no existe: cuernos, rabo y tridente tienen todos y cara angelical, también. Si ya mucha gente no tiene fe absoluta en Dios, ¿cómo la van a tener en un presidente del Gobierno?

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