Si hay una palabra que se ha repetido hasta la saciedad en el Debate sobre el Estado de las Autonomías que concluía este miércoles en el Senado, ésa es "consenso". Algún aficionado a las estadísticas habrá contabilizado el número de veces que la han pronunciado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los presidentes de las comunidades autónomas y los portavoces de los grupos parlamentarios. La cifra no tendrá nunca más valor que el de una simple curiosidad, pero simboliza varias cosas: la importancia que el Ejecutivo concede al consenso con los partidos del arco parlamentario y con los gobiernos regionales, y la fragilidad de un concepto prisionero de las negociaciones políticas que se llevan a cabo en nuestro país.

Nadie puede reprochar a Zapatero la búsqueda del consenso. Desde tiempos inmemoriales, los acuerdos han sido siempre mejor opción que los enfrentamientos. Sin embargo, el actual presidente del Gobierno español tiene un problema importante en sus relaciones con la sociedad: tiende a generar desconfianza porque no explica sus propuestas, amaga pero no da.

España se enfrentará en los próximos meses a importantes retos para el Estado que, además, tendrán repercusión en las comunidades autónomas. Esta legislatura pasará a la historia por ser la que iniciará las primeras reformas de la Constitución Española de 1978. Reformas obligadas por las circunstancias y la lógica de la igualdad en todos los ámbitos, como es la que permitirá reinar a las mujeres primogénitas de los futuros reyes de nuestro país; y otras condicionadas por el proceso de reformas de los estatutos de autonomía.

Es en este punto donde Zapatero busca el consenso y lo hace porque es el punto en el que encuentra más oposición. No es tan importante que sea sólo un partido el que se oponga a la reforma del Estatut catalán -o de los estatutos que se someterán después a la aprobación de las Cortes Generales-, sino que ese partido es el principal de la oposición, el segundo más votado en las elecciones al Parlamento nacional de marzo de 2004 y una formación con una estructura y dimensiones equivalentes a las del propio PSOE. Un partido que, además, tiene experiencia de gobierno.

A ese partido, Zapatero le pide consenso. Pero el presidente del Gobierno no aclara qué entiende por tal. ¿Que el PP acepte los planteamientos del Ejecutivo? ¿Está el Gobierno dispuesto a ceder en aras del consenso que reclama? Zapatero no lo explica y su silencio genera desconfianza. Cierto que en fases previas e iniciales de las negociaciones entre partidos no hay por qué hacer públicos los detalles de los encuentros que se celebran, pero en este caso el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, y los llamamientos al consenso del jefe del Ejecutivo están llenando miles de páginas de los periódicos y miles de minutos en radio y televisión, y no se pueden hacer llamamientos al diálogo sin explicar si se está dispuesto a ceder y en qué grado para que el interlocutor ceda en sus posiciones.

La política es con frecuencia un diálogo de sordos. En este país los debates parlamentarios -en todos sus niveles- se caracterizan por una posición inamovible de quien gobierna y una oposición férrea de quien no lo hace. Es algo tan español que hasta Goya -hace 200 años- lo reflejó magistralmente en una de sus obras. Pero es una trampa y tiene consecuencias en las urnas. Los programas políticos han de ser permeables, configurables a la medida de la sociedad y, desde ese punto de vista, el llamamiento de Zapatero es justo e importante. Pero el jefe del Ejecutivo está obligado a explicar en qué condiciones está dispuesto a negociar el consenso.

Es real la impresión de que a Cataluña, este Gobierno la trata mejor que a otras regiones. Y, si eso se comprobara, el Ejecutivo y el partido que lo sustenta quedarían deslegitimados para ejercer el poder. Por eso es urgente que Zapatero y los socialistas expliquen qué están dispuestos a dar a cambio del apoyo del PP a las reformas estatutarias y de la Constitución. Como también lo es que demuestren que la discriminación no existe. Si bien los gobiernos españoles han necesitado casi siempre el apoyo de los partidos nacionalistas y eso ha motivado concesiones a los respectivos territorios, no se puede beneficiar a una comunidad autónoma perjudicando a otras. Las concesiones deben ser justas y cuando se daña a un tercero, dejan de serlo.

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