El problema de los debates parlamentarios, ya sean sobre el Estado de las Autonomías, sobre el Estado de la Nación o sobre el estado de una comunidad en particular, es que todos los intervinientes tienen razón y, al mismo tiempo, todos se equivocan. En el que se celebra en el Senado por tercera vez tras ocho años -mediatizado por la polémica del Estatut-, se han escuchado deseos del presidente del Gobierno, críticas al Ejecutivo de los presidentes de autonomías gobernadas por el PP y sólo un discurso sereno y conciliador: el del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Al discurso de nuestro presidente regional sólo cabe reprocharle su brevedad y su paso de puntillas por bastantes de los problemas que tienen las provincias de Castilla y León. De puntillas porque Herrera los desgranó, aunque sin profundizar en ellos, quizá con el deseo de no enturbiar lo que, hasta primeras horas de la tarde de la segunda jornada del debate, era el único discurso dedicado íntegramente a los problemas regionales.

Herrera aprovechó su intervención para realizar una encendida defensa de la unidad nacional, ofrecer una vez más su colaboración al Gobierno y repasar cuestiones que preocupan mucho a los castellanos y leoneses: la reforma de la OCM del azúcar, la mejora de las comunicaciones -por carretera y ferroviarias-, la pérdida de las ayudas europeas para las regiones 'Objetivo 1', los problemas de la minería del carbón, el 'olvido' de Soria... asuntos sobre los que él mismo ha tenido que escuchar muchas críticas en las Cortes regionales porque la Junta tiene mucho que decir también en ellos.

Pero lo más sorprendente del discurso de Herrera es su apuesta clara por una reforma sólo funcional del Senado. A quienes hemos trabajado muchas horas en la Cámara Alta, la distinción del presidente de la Junta nos parece -al menos, a quien esto escribe- llamativa y equivocada. El Senado -que, contra lo que piensan muchos, es una Cámara inútil y desaprovechada en su concepción actual- debe convertirse en la auténtica Cámara de representación territorial que necesita el Estado de las Autonomías; un foro donde se reúnan las comunidades autónomas para debatir cuestiones comunes, a donde vayan los presidentes regionales y al que puedan dirigirse las comunidades autónomas cuando tengan que proponer, debatir o reclamar algo al Estado.

Las carencias de la Cámara Alta son de sobra conocidas por todos. Se vienen comentando desde hace varias legislaturas, sin que ningún partido político haya demostrado el menor interés por solucionarlas. Quizá la causa esté en lo que el presidente de Castilla y León no quiere: que se reforme el sistema de elección de senadores. Se toca la Ley Electoral y surgen los problemas.

Puede ser comprensible que quienes viven de la política se opongan a modificar un reglamento que beneficia a los grandes y ningunea a los pequeños. Basta acercarse a cualquier colegio electoral en día de comicios para comprobar el enorme número de candidaturas presentadas, de las que sólo dos, tres, cuatro o, como mucho, cinco obtendrán representación parlamentaria. El sistema electoral español es injusto y, desde luego, no es el más democrático entre todos los posibles porque no respeta verdaderamente la voluntad popular. Sería mucho mejor establecer un sistema de elección directa por mayoría simple, aunque eso dejara sin trabajo a muchos candidatos de los partidos mayoritarios.

Contra lo que apunta Juan Vicente Herrera, el Senado necesita una reforma completa; no un lavado de cara. Necesita, en efecto, una reforma funcional, pero necesita también una reforma de su composición y del sistema de elección de los senadores que lo modernice y acerque a su verdadera función. Por eso se equivoca el presidente de la Junta en su apuesta parcial por la mejora de la Cámara Alta, una mejora en la que insiste el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien además acierta al proponer más diálogo y participación de las comunidades autónomas entre ellas mismas y con el Ejecutivo central.

Zapatero se equivoca al plantear el problema del Estatut, como le apuntó en este Debate sobre el Estado de las Autonomías el presidente del Gobierno balear, Jaume Matas. Puesto a reclamar derechos históricos basados en la historia, podemos retroceder en el tiempo hasta la Edad de Piedra para descubrir que, tanto o más que Cataluña, hay regiones que existen desde hace siglos, reinos que ya lo eran antes de que Cataluña o el País Vasco se convirtieran en las 'naciones' que dicen ser. El error se arrastra desde hace 27 años y nace de la propia Constitución. Quizá, cuando se reforme habría que eliminar la diferencia injusta e irreal que existe entre las comunidades "históricas" y el resto. Claro que eso tampoco interesará a muchos.

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