Una parte significativa del presupuesto del Ayuntamiento de León para este año se dedicará, cuando llegue el verano, a la 'Operación Asfalto'. Es de agradecer que el equipo de gobierno municipal no se haya olvidado de este aspecto del servicio público, y es que es vergonzoso el estado que presentan numerosas calles de la capital y no sólo en sus calzadas sino también en las aceras: socavones, baldosas sueltas que -cuando llueve- se transforman en verdaderos surtidores de agua sucia... Habrá quien diga que León es una ciudad con tráfico intenso y que por eso se deteriora el asfalto, pero no es verdad. Basta con mirar a otras ciudades de parecidas dimensiones, similares poblaciones y más actividad económica que la capital leonesa que, sin embargo, conservan en mejor estado sus suelos. No se trata, por tanto, de un problema de tráfico ni de superpoblación sino de falta de recursos o de voluntad política de prestar un adecuado servicio a los ciudadanos.

Sólo así se comprende la última ocurrencia del Ayuntamiento de León: que los propios leoneses despejen de nieve sus calles cuando las brigadas municipales no puedan llegar a ellas por falta de personal o de recursos materiales. ¡Manda huevos!, como dijo en aquella ocasión el entonces presidente del Congreso, Federico Trillo. La primera obligación de cualquier ayuntamiento es dotarse de medios suficientes para prestar, al menos, los servicios básicos que reclama la comunidad. Por eso, el reconocimiento público del Ayuntamiento de León de que puede no disponer de recursos suficientes para atender las grandes nevadas -está bien que lo anuncie ahora que llega el deshielo y las probabilidades de quedar sepultados bajo el blanco elemento se reducen drásticamente- tiene una enorme importancia.

Es tradicional que los ayuntamientos españoles son pobres y lo son, sobre todo, por el 'racaneo' de las comunidades autónomas, tan contrarias a ceder competencias y dinero para soportarlas. En este sentido, el Ayuntamiento de León es especialmente pobre: 202 millones de euros -apenas 33.600 millones de las antiguas pesetas- no es mucho dinero para atender las necesidades de esta capital. Pero no es menos cierto que en política municipal -y sin necesidad de llegar a extremos delictivos como el tristemente actual caso de Marbella- hace ya mucho tiempo que se inventaron formas de conseguir la prestación de servicios. No sería de recibo, por tanto, que las empresas concesionarias de los servicios de limpieza no ofrecieran los medios materiales y humanos suficientes para atender las necesidades de toda la ciudad.

Pero el reconocimiento municipal de sus limitaciones no está exento de cierto conformismo: 'Esto es lo que hay y esto es lo que podemos hacer'. Un sentimiento demasiado extendido en León, donde el mejor empleado es el que hace de todo -aunque no sea su función y, en ocasiones, ni siquiera esté capacitado para hacerlo-, donde el mejor futuro al que se aspira es el del funcionario y donde la cultura de la subvención está tan extendida que, en ocasiones, ni siquiera importa la calidad de lo que se hace sino cubrir el expediente.

Una ciudad que se apoya en esos pilares está condenada a la desaparición. En León, los controles de calidad -ya sea en obras públicas o en el comercio privado- brillan por su ausencia. Y eso tiene repercusiones económicas negativas sobre toda la sociedad leonesa. La lucha contra el desinterés, la falta de formación y el conformismo atañe a todos: a las administraciones, porque tienen una responsabilidad contraída; a los partidos de la oposición, porque es necesario mirar al futuro a corto, medio y largo plazo y muchas veces sus propuestas se quedan en el hoy o, como mucho, en el mañana. Y a los ciudadanos porque son los que sufren las consecuencias.

En especial, es necesario desarrollar una intensa campaña de educación de los consumidores. Antes hay que inculcar en la sociedad el convencimiento de que quejarse sirve de algo, pero después hay que enseñar a los ciudadanos que tienen derecho a exigir, a quejarse y a pedir reparaciones; hay que enseñarles a dónde dirigirse y cómo funcionan los servicos de consumo y la Administración de Justicia para los casos más graves. Y hay que recordarles que cada cuatro años -el próximo se celebrarán elecciones municipales y autonómicas- se examina la labor de los políticos. Y, si lo hacen mal, habrá que cambiarlos.

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