Hay políticos que están convencidos de la labor social que desempeñan. Se diría que han leído a Platón y aprendido las lecciones que sobre el ejercicio del poder dictaba Maquiavelo. Lo ocurrido durante las últimas semanas en León, motivado por la moción de censura contra el alcalde socialista de la ciudad, Francisco Fernández, y el cambio producido en el Gobierno municipal es buen ejemplo de ello.

Finalmente, el esperpento llegó a su cénit el viernes 3 de diciembre. Y no nos referimos a que se produzca un cambio en la gobernabilidad de una ciudad -cambio legítimo, siempre que se produzca en determinadas circunstancias como la incapacidad manifiesta del alcalde para dirigir el Ayuntamiento- sino al fracaso evidente de todas las formaciones políticas de la ciudad y, por extensión, de la comunidad castellano-leonesa.

Los políticos han fracasado en León. Bajo ninguna circunstancia el ejercicio de la política puede acabar dividiendo a la sociedad tanto como lo ha hecho esta moción de censura. Y eso es lo que se ha producido en estas últimas semanas: una fractura social materializada en los momentos previos al debate de la moción de censura, mientras se celebraba el Pleno municipal y en las horas posteriores al cambio de Gobierno.

Esa fractura es el resultado de la crispación que las formaciones políticas han transmitido a los ciudadanos en las semanas previas al Pleno extraordinario, crispación teñida de acusaciones y sospechas que, si algo han hecho, ha sido incrementar la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos. Faltan dos años y medio para las próximas elecciones municipales y mucho tendrán que trabajar las formaciones políticas para recuperar la credibilidad ante una sociedad que se siente avergonzada por lo sucedido.

No vamos a entrar en este comentario en el fondo de lo sucedido. Eso ya lo hicimos en un editorial anterior, manifestándonos a favor de un cambio urgente de la Ley Electoral que permita el voto a los candidatos y aclare de una vez por todas a los políticos que el abandono de una formación conservando el escaño es, cuando menos, ilegítimo e inmoral. Pero sí expresamos nuestro desacuerdo con la forma como se ha conducido este caso.

Es urgente que la Fiscalía estudie si en la supuesta oferta de trabajo al concejal no adscrito José María Rodríguez de Francisco se ha cometido un delito de cohecho. Igualmente es necesario que se investigue si en el envío masivo de mensajes incitando a los leoneses a manifestarse se ha producido alguna ilegalidad. El ejercicio de la política no puede apoyarse en maniobras oscuras, presiones injustificadas y actuaciones que rayan en la ilegalidad, tanto si la supuesta oferta laboral a De Francisco existe como si se trata de una invención interesada.

El fracaso de los políticos debe hacer reflexionar a los partidos sobre lo que ofrecen a la sociedad leonesa. Aparte de los militantes, hay una mayoría que no tiene carné de ningún partido, que ni siquiera simpatiza y que vota a quien le ofrece soluciones más ajustadas a sus necesidades. Esa mayoría silenciosa será la que se manifieste en las urnas, aprobando la moción de censura o suspendiendo a sus promotores. El fantasma de la abstención -el más temido por los partidos políticos y el más injusto con la voluntad popular- amenaza con sobrevolar León en la próxima cita electoral. Y si lo hace, será la confirmación de que estas últimas semanas la ciudad ha asistido a un auténtico esperpento, impropio de una capital que presume de estar en el siglo XXI, que aspira a incrementar su importancia y que, sin embargo, presenta aún demasiadas carencias. Pero esto es harina de otro costal.

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