En todas las huelgas hay una víctima común: el ciudadano que soporta los inconvenientes de unas protestas que, en teoría, tratan de presionar al Gobierno y, en la práctica, a quien perjudican es al usuario. Hay, en este sentido, unos sectores más sensibles que otros, como es el caso de la sanidad, los transportes o la Justicia.

Más de 9.000 funcionaros de Justicia de siete comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla -que no tienen transferidas las competencias- y los servicios centrales en Madrid -que no se transfieren-, secundan desde febrero una huelga en demanda de la equiparación salarial con sus compañeros de las autonomías que tienen transferidas las competencias sobre Justicia. La huelga sirve, además, para reclamar mejoras en los órganos judiciales, donde -según los magistrados, fiscales y abogados que trabajan en ellos- falta espacio, medios materiales, personal y organización que evite situaciones tan escandalosas como la del reciente 'caso Mari Luz'.

España es un país con leyes garantistas, pero esto exige formación de los profesionales que las elaboran y de los que las deben aplicar, dotación suficiente de recursos y personal y, sobre todo, voluntad de servir al ciudadano. Casos como el mencionado de la niña de Huelva saltan a los medios de comunicación por su carácter excepcional, pero en el día a día de los juzgados hay acumulación de expedientes y, en consecuencia, retrasos que perjudican a las partes en litigio, prisas por cumplir el objetivo de actualidad que, invariablemente, se marcan los sucesivos gobiernos... y demasiadas injusticias. Situaciones que no se darían si la Justicia española estuviera mejor atendida por los responsables políticos.

Éste es, también, un país con tendencia a la hipocresía. Cuando más del 85 por ciento de los funcionarios en huelga rechazaban este miércoles la propuesa del Gobierno -una subida de 180 euros mensuales... pagados a plazos-, estaban manifestando la importancia de sus reivindicaciones, quizá empujadas a un segundo plano por detalles llamativos como el tiempo que se tardará en recuperar el retraso que acumulan los procedimientos judiciales.

Las reivindicaciones de los funcionarios son justas. Cuando el Gobierno se compromete a acabar con la desigualdad entre los géneros y reclama a los empresarios que no establezcan diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo con la misma categoría profesional, debería recordar que es injusto que funcionarios que realizan la misma labor con la misma categoría en diferentes comunidades y dependiendo de distintas administraciones cobren más si trabajan para una Comunidad Autónoma, y menos si lo hacen para el Estado.

No es problema exclusivo de los funcionarios de Justicia. Lo mismo ocurre con las Fuerzas de Seguridad y con los médicos, otros dos sectores sensibles a las movilizaciones. Y el Gobierno es responsable de dar ejemplo y no crear agravios comparativos que, en el mejor de los casos, le restan credibilidad cuando trata de concienciarnos a todos de que somos iguales en derechos. No se puede exigir a la empresa privada igualdad entre sus trabajadores y, al mismo tiempo, mantener desigualdades en la primera empresa de este país, como es la Administración pública.

Pero, sobre todo, no se puede negociar con los trabajadores como si se les hiciera un favor. Si el Gobierno está dispuesto a subir 180 euros la nómina de los funcionarios de Justicia, probablemente el resultado del referéndum convocado por los sindicatos para votar la propuesta hubiera sido otro si, en vez de a plazos, se hubiera planteado una subida inmediata y de una sola vez. No hay razones económicas que impidan al Ejecutivo atender esa reivindicación. Parece mentira que el ministro en funciones proceda de la Fiscalía.

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